El asesinato de Luis Carlos Cervantes,
periodista de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, abrió de nuevo el debate en
torno a las garantías de seguridad para el ejercicio periodístico y la eficacia
de la presencia del Estado desde sus funcionarios en la fuerza pública en las
llamadas zonas de consolidación o de alto riesgo.
El evento, lamentable por
demás, puso en tela de juicio la diligencia y dinámica de operación de
entidades como la Unidad Nacional de Protección, quien retiró el esquema de seguridad
del periodista, la Fiscalía que a la fecha no ha dado respuesta alguna, entre
otras entidades.
Fruto del
debate y en razón de esclarecer los hechos para la opinión pública, se
concertó un conversatorio donde confluyeran las voces de distintos actores
involucrados en la problemática de la libertad de prensa en la región, es así
que con periodistas del Bajo Cauca, el director de la Unidad Nacional para la
Protección, Andrés Villamizar, Jonathan Bock, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Carlos
Mario Peña Jaramillo, director de la Unidad de Derechos Humanos de la
Gobernación de Antioquia, David Hernández, decano de la Facultad de Comunicaciones
de la Universidad de Antioquia, representantes de la Agencia Internacional
USAID, entre otros.
En el desarrollo de la
reunión fueron expuestas las razones para haberle retirado el esquema de
seguridad a Luis Carlos Cervantes, lo que lejos de ser un acto de negligencia,
obedeció a razones obvias de un protocolo de valoración de seguridad en el que
se coincidió, desde la fuerza pública, representantes de la comunidad, asociaciones
de periodistas, entre otros, que no prevalecía riesgo extraordinario sobre él. Adicional a esto, comportamientos
nos adecuados para una persona en situación de amenaza, tres procesos en su
contra registrados en la fiscalía (no relacionados de su labor como periodista),
y reiteradas faltas a la verdad que deterioraron la confianza con los
organismos del Estado.
Las conclusiones del encuentro llevaron a una valoración de la asociatividad del gremio de los periodistas y a buscar estrategias que "blinden" su profesión, la cual es decisiva en la dnámica democrática de una sociedad.
Carlos Mario Peña, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, nos compartió al final del evento el siguente balance de las ganancias de exponer una problemática de este tipo en la subregión.
El decano de la Facultad de Comunicaciones fue en principio el principal proponente de establecer alianzas que permitan fortalecer significativamente dinámicas de protección para los periodistas, como compromiso no solo de organismos del Estado sino también desde la propia academia.
Dos funcionarios de la UNP fueron designados para el cubrimiento y reporte de cualquier eventualidad que ponga en riesgo a los periodistas de la subregión. Así mismo, se estableció una agenda mensual de reuniones para valoración de resultados.
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