Segundo Informe de DDHH en Bajo Cauca

Mineros S.A posee 120.532 hectáreas en Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia. Cerromatoso S.A posee títulos mineros en Tarazá y la Policía Nacional recibió 1.500 hectáreas en Caucasia. ¿Qué queda para los campesinos de la región?

El pasado mes de diciembre, el Comité Municipal de Derechos Humanos de Caucasia, con apoyo del Instituto Popular de Capacitación (IPC), presentó el 2° informe de derechos humanos para la región, destacando aspectos como la desaparición forzada, desmovilización de actores armados, los jóvenes desde la problemática de la drogadicción, la industria minera en la región y avances en restitución de tierras.

Estos dos últimos temas concluyeron en una misma visión sobre el territorio de la región: Hace falta terreno para la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado y la reactivación del campo, aspectos necesarios en un escenario de posconflicto.

El despojo en la región

La gestión de la URT (Unidad de Restitución de Tierras) presentó un balance para Diciembre de 2015 de un incremento del 252% en solicitudes, con un nivel de atención de 368 casos frente a un total de 1.810.

MICROFOCALIZACIONES URT -  BAJO CAUCA
Municipios	Zonas Intervenidas (veredas)	Hectáreas en Restitución
Caucasia	La Victoria	29
	Tigre I	437
	Bella Palmira	147
El Bagre	Luis Cano	700
Nechí	Caño Pescado	2.000
	Londres
	Correntoso

Para 2016, la Unidad de Restitución de Tierras ha establecido sus objetivos en la vereda Anará en Cáceres, las veredas Catalina, Brasil, Corcovada, La Ilusión y el Corregimiento de Margento en Caucasia. En El Bagre, la vereda Aguacates y en Nechí, la vereda La Esperanza.

Siendo una prioridad el tema de resarcimiento a víctimas del despojo o desplazamiento forzado, en 2013, el Programa de las Naciones Unidades (PNUD) en unión con el Jardín Hidrobotánico de Caucasia, elaboraron una propuesta de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial para el Bajo Cauca, en el cual establecían, como parte fundamental para el posconflicto, una reestructuración de los planes de ordenamiento territorial, así como un fondo de tierras, el cual agruparía un total de 25.000 hectáreas en extinción de dominio en la región.

Sin embargo, en ese mismo año, fue adjudicado, según Resolución 003 del mes de Abril, 1.500 hectáreas a la Policía Nacional  correspondientes a la Hacienda Paraguay en Caucasia por cuenta del Concejo Nacional de Estupefacientes a fin de construir una base de operaciones especiales, que a la fecha no existe, sin embargo, los terrenos  han venido siendo ocupados de manera ilegal con sembrados de plátano y yuca. De hecho, las apropiaciones y ventas ilegales de terrenos en la región se han convertido en una constante y  a su vez, un detonante más de la violencia, algo que quedó comprobado desde la recopilación de testimonios por parte del IPC (Instituto Popular de Capacitación) a líderes campesinos.

Predios adjudicados, conforme a la Resolución 003 de Abril 17 de 2013 por Concejo Nacional de Estupefacientes a la Policía Nacional.

.N° Predio	Folio Matrícula Inmobiliaria	Denominación	Destinación	Acto Administrativo de Asignación
1	015-2004	Las Camelias	Policía Nal.	Resolución 1165 – Julio 2010
2	015-2006	Lote N° 3
3	015-9832	Belén o El León
4	015-10184	Lote Las Nubes
5	015-66001	Paraguay

Tierra de Mineros

En relación al departamento de Antioquia, efectivamente el Bajo Cauca es la mayor región productora de oro. Mineros S.A cuenta con 29 concesiones, lo que equivale a 120.532 hectáreas, 36.000 de las cuales corresponden a títulos de a perpetuidad, o de reconocimiento de propiedad privada, lo que significa que son y serán poseedores por siempre del suelo y subsuelo. Vale la pena destacar que son respaldados en su seguridad por uno de los 6 batallones minero energéticos del país.

Según la Agencia Nacional Minera, en 2014, la producción de Mineros S.A, ascendió a 3 millones de gramos de oro. Una producción semejante representaría para la región y para el país una de las más representativas fuentes de ingresos por concepto de regalías, cifradas en 4% de la producción, tal como lo establece el artículo 365 de la Constitución Nacional por tratarse de recursos no renovables. Sin embargo, conforme al  artículo 227 de la ley 685 de 2001, que establece el reconocimiento de propiedad privada, la empresa paga un porcentaje de 0.04 %

Por tanto, sumando lo correspondiente a la producción de 2012 y 2013, se dejó de percibir poco más de 34.000 millones de pesos. Es decir, tal como lo mencionó Alvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio (empresa asesora en explotación minera con sentido social y ambiental) “Tenemos unos administradores en el Estado que le dicen a las compañías: llévense todo lo que puedan, llévense el carbón, llévense el oro, y no se preocupe, si no tiene cómo pagar, no me pague”.

Y en efecto, multinacionales como Drummond Ltda, que explota el carbón de las minas de Cerrejón en la Guajira, y que en 2014 exportó 16 toneladas, no pagó un solo peso en impuestos. Para Colombia Punto Medio, situaciones como estas explican que el déficit fiscal de país ascienda a 16 billones de pesos y que así mismo, ostente uno de los más altos índices de desigualdad en el mundo: puesto Nº 12 en 2014 según el Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

De acuerdo a la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, el Bajo Cauca cuenta con un 26% de satisfacción de sus necesidades básicas, aporta un 13% al total de víctimas de desaparición forzada en el Departamento y como región, tiene el mayor número de homicidios por habitante. Si el Bajo Cauca fuera una ciudad, en el ranking mundial de las 10 ciudades más violentas del mundo, ocuparía el número 7.

Cerromatoso S.A, con sede en Montelíbano, Córdoba, también llegó al Bajo Cauca Antioqueño, más exactamente al corregimiento La Caucana en Tarazá, donde sus títulos mineros permanecerán hasta el año  2.036 y con posibilidad de renovarse. Los habitantes del sector, en su mayoría familias campesinas que se establecieron hace más de 30 años en el territorio y que hicieron parte entre los años 2.010 y 2.011 del convenio 2008-CF-1800-01, establecido entre Gobernación de Antioquia y La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) para reemplazo de cultivos de coca por otros de caucho y cacao, al momento de  formalizar sus predios ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), tal como lo exigía el proyecto, se enteraron que conforme al Artículo 9 del Decreto 2664 de 1994, no era posible la adjudicación formal de sus tierras por estar a menos de 5 kilómetros del título de la concesión minera No. 8600693786 concedida a la multinacional.

En 2012, el exministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, refiriéndose a la relación entre desplazamiento de campesinos y la presencia de las multinacionales en el territorio, afirmó: “Si continúa la mancha minera, habrán otros 5 millones de campesinos desplazados y 24 millones de hectáreas que deberían estar disponibles para restitución, ya no lo estarán”

Según el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, es absolutamente necesario replantear el tema de tierras en el Bajo Cauca, urge reformular los planes de ordenamiento territorial, convocar a la unión de todos los sectores y a las fuerzas del Estado para respaldar los derechos de las comunidades. Tal como lo afirmó Soledad Betancur, directora del Observatorio: “El derecho al territorio es el principio de todos los derechos humanos. Si queremos transformar el tema vulneración de derechos humanos, apropiémonos de la riqueza del territorio y que sea invertida en sus habitantes”.